MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

España no podrá realizar las inversiones necesarias para cerrar el déficit de 192.000 millones de euros al año que la Comisión Europea (CE) estima que Europa debe invertir en infraestucturas una vez las nuevas reglas fiscales europeas entren en vigor en el año 2027.

Según un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y New Economics Foundation recogido por UGT, 18 estados miembros de la Unión Europea (UE), entre los que se encuentra España, no podrán cumplir los objetivos comunitarios de inversión en escuelas, hospitales y viviendas, entre otros, cuando las nuevas reglas fiscales entren en vigor.

Además, tomando como referencia las cifras de la Comisión Europea, solo tres Estados miembro tendrán capacidad fiscal para cumplir los propios objetivos de inversión verde de la Unión Europea una vez comiencen a aplicarse las nuevas reglas fiscales europeas a partir de 2027; e incluso si se ampliara el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, solo cinco países podrían cumplir sus objetivos de inversión social y verde.

Por ello, el estudio indica que sería necesario aumentar la inversión anualmente en 120.000 millones de euros en sanidad, 57.000 millones de euros en viviendas asequibles y 15.000 millones de euros en educación.

Por otro lado, el informe da cifras también sobre lo contraproducente que resulta esta nueva gobernanza económica para los objetivos sociales y climáticos de la UE y cómo, en lugar de invertir, los Estados miembro estarán obligados a realizar recortes por valor de más de 100 mil millones de euros en 2027.

El estudio demuestra también que, en caso de instaurar un nuevo mecanismo de inversión para poder cumplir con las prioridades comunes de la Unión, este tendría que ser más de tres veces mayor que el actual Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR) para tener posibilidades de mitigar el daño de las nuevas reglas fiscales.

"Adoptar las reglas fiscales propuestas significará tener menos hospitales, escuelas y viviendas asequibles en un momento en que la presión sobre estos elementos del estado de bienestar está aumentando", ha advertido el sindicato.